Plaza cívica

Por: Fernando Nuñez de la Garza Evia / encuentro29.com Día de publicación: 2017-03-17 /


 Justicia electoral a las élites, injusticia social a los muchos


 

México es el país de las desigualdades, y el mundo electoral es otra prueba de ello. Más específicamente, nuestro derecho electoral es un ejemplo más del distanciamiento y desigualdad existente entre nuestra clase política y sus representados. Un derecho electoral que trae justicia a las élites políticas del país en detrimento de la justicia legal, y social, para el resto de la población mexicana.

 

Tres son las razones del abuso que representa la justicia electoral en México. Primero, el excesivo dinero que reciben los partidos políticos, ya sea de manera legal o ilegal, lo que hace que el gasto que destinan para tales fines sea básicamente ilimitado. Segundo, la sobrada desconfianza que existe entre las élites políticas, lo que ha traído una excesiva regulación jurídica. Tercero, la creación de una vasta y dispendiosa burocracia electoral con el fin de atender sus demandas y que ha llevado a una continua judicialización electoral. Así, tenemos una fórmula perfecta para crear un mundo paralelo donde las élites políticas reciben justicia en claro contraste con lo que sucede en el otro mundo donde se encuentran el resto de los mortales.

 

La injustica de la “justicia electoral” -o la justicia de las élites políticas- se observa al examinar los recursos que se destinan a la justicia ordinaria en el país. Mientras que en el rubro de seguridad, justicia y defensa invertimos anualmente el 1.3% del PIB, los países desarrollados gastan alrededor del 5%. Igualmente, este año se destinará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -la cual ve casos en una diversidad de materias que son del interés de todo el país- alrededor de cinco mil millones de pesos. Pero al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que solo ve casos en materia electoral usados básicamente por los liderazgos políticos, se le otorgarán un poco más de tres mil millones de pesos. Vaya, uno de los serios problemas que tenemos es el acceso e impartición de justicia, y una de sus raíces es la falta de dinero destinado a construir juzgados y tribunales, profesionalizar los cuadros judiciales, y combatir la corrupción al interior  del aparato de justicia. Si a la luz de esta baja inversión observamos las enormes sumas de dinero invertidas solo en hacer efectiva la justicia electoral, entonces tenemos un problema no solo de ineficiencia en el gasto público, sino de justicia social.

 

El pretexto para justificar tales excesos es el del fortalecimiento de nuestra democracia, pero tal argumento no pasa la prueba de fuego, ya que tenemos una de las democracias más caras del mundo y no tenemos una de las democracias más efectivas y representativas del mundo. El resto de los países latinoamericanos (ni hablar del mundo desarrollado) no tienen la sobrerregulación jurídica y los inmensos aparatos burocráticos creados específicamente para tales fines, y sus respectivos regímenes democráticos no son peores que el nuestro. En algunos casos, inclusive son mejores.

 

El derecho electoral es un derecho de élites, que refleja las desigualdades e injusticias sociales que siguen existiendo fuertemente en México. Copiar modelos de impartición de justicia de otros países exitosos necesariamente nos llevaría a disminuir el gasto a partidos políticos, reducir la regulación electoral, y cortar su excesiva burocracia. Esto sería un buen camino para menguar las distancias e incrementar la confianza entre nuestras élites políticas y burocráticas con la población a la cual sirven, e igualmente ayudaría a fortalecer nuestra democracia. Hacerle justicia al país atacando el problema que ya representa el esperpento de la justicia electoral sería un buen comienzo.

 

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